En los últimos años se han logrado mejoras en la economía peruana, lo que ha permitido alcanzar un mayor progreso a través de políticas de desarrollo e inclusión social. Si bien la línea de pobreza se ha reducido en los últimos años, aun persisten grandes desigualdades en aspectos sociales y económicos los cuales son más grandes en las zonas rurales. Este es el escenario en el que la economía verde debe encontrar su lugar.
En un país como el Perú las desigualdades son difíciles de solucionar debido a que la pobreza y la vulnerabilidad social son consecuencias de la exclusión social. Estructuras sociales, culturales y económicas determinan la participación de ciertos grupos en el espectro social.
Muchas de las actividades económicas llevadas a cabo en el Perú, que han propiciado el crecimiento económico están relacionadas a la explotación de los recursos naturales, al no ser sostenibles se han convertido en una amenaza para el medio ambiente, así como para las poblaciones que dependen de estos recursos, incrementando su vulnerabilidad. Esta forma de crecimiento económica no puede asegurar una economía sostenible para todos los grupos poniendo en riesgo a que ciertos grupos ingresen a la zona de pobreza.
Si bien todos estamos expuestos a riesgos, ciertos grupos se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad, expuestos a impactos negativos como la inseguridad, shocks económicos, inestabilidad política y cambio climático. Un estudio del Banco Mundial señala que 100 millones de personas podrían regresar a ser pobres como consecuencia del cambio climático.
Los compromisos adoptados en la Agenda de Sostenibilidad 2030 y los Acuerdos de Paris respecto al cambio climático han hecho que el Perú incorpore planes, estrategias y acciones en sus políticas con el fin de cambiar ciertas estructurassociales, culturales y económicas y lograr un desarrollo sostenible más inclusivo dentro del marco de una economía verde. El desarrollo de este tipo de economía logrará generar empleos decentes promoviendo sostenibilidad ambiental e inclusión social.
La creación de nuevas industrias y empleos en la transición a una economía verde es clave para asegurar un crecimiento más sostenible sin afectar el medio ambiente y a las personas. Para lograr ese crecimiento verde es fundamental abordar estas desigualdades, ya que la transformación a una economía verde sin la implementación de políticas y estrategias de inclusión social podría incrementar la vulnerabilidad social. En el contexto peruano, hay tres grupos que podrían verse severamente afectados por esta transición al no estar insertados adecuadamente.
En Perú, la informalidad es uno de los principales obstáculos para lograr empleos sostenibles e incrementar el crecimiento económico a través del pago de impuestos. Reducir la informalidad debería ser uno de los principales objetivos en la creación de políticas para la transición hacia una economía verde.
El sector informal es multifacético y está alimentado por la falta de una adecuada educación, así como un marco normativo engorroso, acceso limitado al crédito, y desconfianza en las instituciones, ya que se percibe el pago de impuestos como un gasto sin retorno. El 72,9% de la fuerza de laboral peruana es informal lo que significa que estos empleos operan fuera del sistema regulatorio, sin beneficios laborales como vacaciones pagadas, gratificaciones, pensiones, entre otros. Esta cifra es más alta en zonas rurales (95,5%), siendo más difícil acceder a empleos formales por la falta de capacidades y débiles vínculos con el mercado causados por la exclusión económica y la marginalización. Diferentes acciones están siendo promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) al integrar programas al seguro universal de salud o mejoras en el esquema de pensiones. El principal desafío es que estos grupos por lo general están fuera del radar cuando se crean políticas públicas por lo que continúan en una posición vulnerable. El diseño de nuevas políticas tiene que considerar el contexto informal con el fin de promover su integración al mercado laboral.
En países como el Perú tenemos un bono demográfico, positivo en términos económicos ya que significa que hay una gran fuerza laboral que puede activar la economía. Al incrementar el numero de personas en edad de trabajar, el promedio per cápita debería crecer ya que, al trabajar, la población joven puede contribuir al desarrollo económico y social del país. Sin embargo, el 19% de la población peruana entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja. Uno de los principales desafíos es convertir este bono demográfico en una tasa de empleo más alta. La economía verde puede brindar ese dinamismo necesario para crear nuevos puestos de trabajo y recolocar a estos jóvenes trabajadores de sectores menos productivos. El desarrollo de habilidades, así como un mayor acceso a educación secundaria y universitaria es necesaria para crear estas nuevas oportunidades.
Con este fin, el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo está desarrollando un Plan Nacional para la Economía Verde con el apoyo de PAGE y liderado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos esfuerzos complementan el Plan Nacional de Crecimiento Verde desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Medio Ambiente el cual está en proceso de ser aprobado.
Las comunidades rurales y poblaciones indígenas han sido históricamente excluidas, teniendo un acceso limitado a los servicios de educación, salud y servicios básicos, así como mayores índices de desempleo y poca representación democrática para ejercer su ciudadanía. Las formas actuales de producción han afectado a las poblaciones indígenas de diferentes maneras, en muchos casos de forma negativa. Los recursos naturales y el medio ambiente son fundamentales en la vida de estas poblaciones ya que se encuentran vinculadas con sus actividades productivas, sociales y culturales.
En muchos casos, estos grupos aparecen como víctimas de la economía actual (ya que son vulnerables al cambio climático) así como de algunas acciones que se realizan para combatir el cambio climático. El 83% de las poblaciones indígenas amazónicas se encuentran en una situación de vulnerabilidad alta en temas de seguridad alimentaria mientras que el 81% de las comunidades nativas se encuentran en riesgo y vulnerables ante desastres naturales. Sin embargo, la OIT señala que la transición hacia una economía verde y los empleos que surjan con esta son positivos para estos grupos. El empoderamiento y la defensa de sus propios derechos en el marco del Convenio 169 sobre poblaciones indígenas logrará convertirlos en agentes de cambio
El uso del conocimiento y práctica locales y tradicionales de poblaciones indígenas es fundamental para la producción de nuevas estrategias de adaptación al cambio climático. Si técnicas innovadoras se complementan con esta información, se podría generar agricultura climáticamente inteligente e implementarla en comunidades rurales generando mayores beneficios económicos, así como un uso más eficiente de los recursos.
Todo esto representa un desafío importante para Perú. Uno de los principales objetivos debería estar enfocado en reducir las desigualdades, así como la pobreza. Las políticas deberían de abordar estas vulnerabilidades económicas, sociales y culturales con el fin de empoderar principalmente a estos grupos para que jueguen un rol importante combatiendo el cambio climático. El potencial de las poblaciones indígenas es crucial para que las acciones del cambio climático sean efectivas. Gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs y la sociedad civil tienen un rol importante en garantizar que, en la transición hacia una economía verde, nadie se quede atrás.