Po: Diego Espejo y Leslie Forsyth
El Covid 19 es un evento catastrófico para el Perú y el mundo. En el Perú representa en 6 semanas 572 muertos, 20 914 infectados, aislamiento social de la población, parálisis económica, pérdidas de empleo, cierre de empresas y precarización de la economía familiar. ¿Qué hacer en esta situación sin precedentes?
Los desastres se pueden analizar en tres grandes momentos: antes, durante y después. El antes está definido por la conciencia de nuestra vulnerabilidad y todas las acciones de prevención y preparación ante un evento. El durante, configura todas las acciones que se implementan como parte de la gestión de la crisis. Finalmente, el después está orientado a todas las estrategias de reparación, recuperación y transformación que se puede realizar para superar el desastre.
Vulnerabilidad en evidencia
Si siempre hemos sido vulnerables a la naturaleza es porque las decisiones sociales y políticas condicionan a la humanidad de ser perjudicada. No se trata de echarle la culpa al murciélago — como se vio en la región de Cajamarca, con el ataque colectivo a 500 ejemplares usando fuego directo —, sino de entender que el impacto de una amenaza no proviene directamente de la magnitud del riesgo que representa, sino de nuestra capacidad de respuesta ante él, de cuán vulnerables somos.
En el 2013, el Foro Económico Mundial definió la resiliencia como la capacidad para “recuperarse más rápido después del estrés, soportar mayores tensiones y verse menos afectado por una determinada cantidad de estrés”. El concepto inmediatamente nos obliga a alejarnos de la escala temporal corta y acceder a una que permita analizar si nuestro país está preparado ante la inminencia de una siguiente amenaza.
No recuperarse de eventos adversos, fortalecidos, generaría un riesgo mucho mayor, regresionar a la situación previa a la amenaza con la capacidad y visión de entonces. El peligro de “volver a la normalidad” — algo que los políticos vienen repitiendo con popularidad — puede significar el tránsito de una crisis a otra.
Amenazas como el COVID-19 no sólo ponen a prueba el desempeño político de tomadores de decisiones, sino la solidez o fragilidad de sistemas esenciales para una nación: salud, agricultura, energía, industria, transporte, finanzas, educación, ambiente, etc. ¿Qué hemos aprendido de los “desastres” previos? ¿Seguimos siendo igual de vulnerables o hemos construido resiliencia luego de un desastre?
Ante la pandemia del COVID-19, se estima que el Perú perderá un millón de puestos de trabajo en micro y pequeñas empresas (mypes), un fuerte impacto en los trabajadores informales (que aportan casi tres cuartas partes al PBI nacional) y el inevitable incremento de la desigualdad con más de un millón de personas que pueden volver a ubicarse por debajo de la línea de pobreza.
¿Qué acciones se están tomando?
Junto a la declaración del Estado de Emergencia el domingo 15 de Marzo, se comunicaron diversas medidas tomadas con el fin de responder positivamente ante esta situación. Si bien las principales acciones se dan desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de evitar un colapso de la economía como consecuencia de esta prolongada cuarentena.
Se prevé que Perú invertirá un monto equivalente al 12% de su PBI, sin duda, uno de los más grandes paquetes de estímulo económico en su historia. Surge una gran oportunidad para reconfigurar las intervenciones económicas hacia unas que contengan criterios ambientales. Sin embargo, hay quienes se oponen y consideran que no es el momento, se debe priorizar la estabilidad económica a través de métodos tradicionales.
Se están aplicando distintas estrategias de recuperación económica a través de paquetes de incentivos económicos, transferencias económicas a través de un bono a familias vulnerables en el ámbito urbano y rural (se calcula que 6.8 millones de familias afectadas podrán recibir el bono de 760 nuevos soles), así como transferencias a los gobiernos regionales y locales para la implementación de acciones de prevención. Si bien estas medidas son de corto plazo, hay medidas de largo plazo que deberán ser evaluadas desde una perspectiva de cambio hacia una economía verde.
La principal premisa desde el MEF es minimizar la disrupción de las cadenas de pago de manera que se evite que las empresas quiebren y se den despidos masivos. Para las empresas, algunas de las medidas comunicadas han sido: el subsidio del 35% de planillas para empleados con sueldos menores a 1 500 nuevos soles y el programa Reactiva Perú que busca dar garantía a las empresas para que puedan obtener créditos de capital de trabajo.
Asimismo, se propone la elevación del gasto público centrado en rubros sanitarios como la compra masiva de mascarillas, obras de saneamiento, como también proyectos de infraestructura. Hasta el momento, las propuestas están más enfocadas en aspectos tradicionales, y es que no todos los sectores se han visto afectados de la misma manera, por lo que no se puede esperar que todos transiten hacia una economía verde en el mismo momento. En el Perú, se estima que el 95% de las empresas son mypes y emplean a más del 75% de la población. Sin embargo, debido a sus características, en este contexto sería imposible condicionar un apoyo económico a la implementación de medidas verdes.
¿En qué espacios se puede unir una agenda de rescate económico y de sostenibilidad?
A inicio de año, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) proyectó para este año, un crecimiento de 3.78% en este sector. Sin embargo, este sector ha sido duramente golpeado por el cese de actividades a partir de las medidas tomadas por el gobierno en las últimas semanas. Se calcula que actualmente, 111 000 obreros se encuentran con licencia sin goce de haber. A través de sus gremios este sector solicita que se extienda el bono de 380 nuevos soles a los obreros.
Dentro de las estrategias que se podrían implementar para reactivar este sector, que puedan ser acompañadas de un enfoque verde, se encuentran: instalación de energía solar en techos, incrementar los fondos públicos para construcción de viviendas sostenibles con sistemas de manejo de energía, un adecuado manejo de agua y desagüe, así como planes de gestión ambiental, entre otras.
Otro punto fundamental es retomar la reconstrucción del norte a consecuencia del Fenómeno del Niño, es una necesidad con el fin de promover la reactivación económica de esas regiones. El hecho de que esta aún no haya sido terminada elucida la baja capacidad de ejecución del presupuesto asignado para emergencias, tanto de lo lejos que estamos de construir resiliencia después de una catástrofe (climática o pandémica). Asimismo, hay que tomar en cuenta que el riesgo de un nuevo episodio del Niño sería un nuevo desastre para la reactivación que hoy se está implementando con la pandemia.
Asimismo, en el sector construcción de gran escala como de hidroeléctricas o carreteras — que suelen desarrollarse a través de licitaciones públicas — ya se venía hablando sobre las formas de reducir su impacto ambiental en términos de emisiones de carbono y el impacto en ecosistemas adyacentes. Si bien se piensa que no estamos para imponer condicionalidades a los estímulos de rescate y que pocos están en el privilegio de preocuparse por el cambio climático, es necesario tener en cuenta que esta es una prueba del compromiso de los gobiernos y las empresas por verificar si el énfasis en las transiciones de energía limpia se desvanece cuando las condiciones del mercado se vuelven más desafiantes.
Otro sector que ha sido duramente afectado es la industria del turismo, con pérdidas de empleo en diferentes regiones y en muchos casos afectando a las poblaciones vulnerables que dependen del turismo vivencial. El presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) señala que el 95% del turismo se encuentra paralizado debido al cierre de fronteras y a la inmovilización ciudadana. Canatur estima que en el primer trimestre del año se dejarán de percibir 2,000 millones de dólares.
Si bien el sector turismo es de los más afectados por la limitación en la movilidad ciudadana, preocupan las condiciones a futuro en las que los trabajadores volverían a sus labores y el peligro que significaría la interacción entre ellos y los clientes. En este sentido, el enfoque ambiental se entiende desde las condiciones de seguridad ambiental. Cuando las actividades turísticas empiecen a reactivarse, ¿será obligatorio el distanciamiento físico con los turistas? ¿Debería haber una reforma en la regulación de la infraestructura hotelera que proteja a trabajadores como a clientes? Es urgente iniciar este debate para un sector que contribuye al 4% del PBI nacional.
Por otro lado, el futuro de las aerolíneas es incierto y se habla de la más grande crisis en la aviación civil mundial. La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) ha presentado un plan de salvataje. Sus solicitudes se enfocan en reducir las tarifas aeroportuarias la reactivación de la ley de importación temporal de naves y sus repuestos, así como otros beneficios que les permitirían superar la crisis. ¿Es posible exigirle a esta industria que incorpore medidas ambientales en medio de esta crisis?
Una propuesta en Estados Unidos para el rescate financiero de 60 mil millones de dólares a las aerolíneas, era que el Estado adquiera participación en acciones de aerolíneas; de esta manera se podría tener un mayor papel fiscalizador en relación a temas laborales y ambientales. Sin embargo, en el caso peruano muchas de estas aerolíneas son compañías internacionales lo que dificulta esta opción.
Medidas posteriores
El aspecto económico es crucial, pero la atención lógicamente está girando alrededor de los servicios públicos de salud. Es indudable que una reforma integral del sistema de salud es fundamental para lograr un sistema único que permita descentralizar servicios que garanticen el acceso óptimo y universal. Esta situación de emergencia ha evidenciado el deterioro del sistema de salud, consecuencia de décadas de abandono en términos de presupuesto, infraestructura, recursos humanos, eficiencia de gasto, entre otros. Si bien se ha dado un incremento en el porcentaje del gasto en salud sobre el PBI, Perú sigue registrando una inversión per cápita por debajo del promedio en América Latina.
Adicionalmente a los rescates económicos y subsidios que el Ejecutivo pueda ofrecer, la implementación de políticas sociales focalizadas son claves para asegurar el crecimiento inclusivo, contribuyendo al desarrollo sostenible y construyendo mejor capacidad de respuesta: resiliencia. Estas políticas deben reestructurarse de forma que se brinde apoyo temporal a todas las familias pobres urbanas, que suelen no ser consideradas en las políticas sociales, las cuales se enfocan principalmente en reducir las cifras de pobreza rural. Un importante obstáculo son los altos niveles de informalidad que existen en el país, donde más del 70% de la fuerza laboral es informal.
Ante esta situación, los municipios locales y regionales cumplen un rol fundamental. Se deben identificar y registrar de forma más eficiente los hogares vulnerables con el objetivo de tener un Padrón General de Hogares más fidedigno que permita que las políticas sociales y las transferencias económicas estén efectivamente focalizadas.
Perspectivas a futuro
Las crisis pueden ser también una oportunidad. Podría ser un momento de enseñanza social cuando se superpone con una crisis aún mayor, la climática, que — incluso mientras luchamos contra la pandemia actual — continúa desarrollándose sin interrupción en forma de mares en desborde, calor anómalo, sequías, inundaciones e incendios forestales sin precedentes.
El Perú es un país vulnerable al cambio climático, por su geografía, por la gran dependencia económica en los recursos naturales y por las poblaciones vulnerables que, tanto urbanas como rurales, se ven afectadas constantemente por eventos climáticos. De ahí la importancia de transitar hacia una economía verde que nos permita construir resiliencia.
Si bien las acciones propuestas desde el Ejecutivo buscan reactivar la economía, incorporar el componente ambiental será fundamental para apoyar a poblaciones más vulnerables (como las comunidades indígenas en contacto inicial) y disminuir el riesgo ante una emergencia climática.
Las medidas económicas que se han tomado para hacer frente a la emergencia del Covid-19 han demostrado que se pueden y deben tomar medidas similares a estas para hacer frente a la emergencia del cambio climático.
Los gobiernos tienen herramientas para realizar y proponer reformas económicas y sociales. La oportunidad de crear empleos verdes y sostenibles que mejoren la calidad de vida de las personas no solo fortalecerán la economía en un futuro sino también la harán más resiliente a los futuros cambios frente a una emergencia climática u otra pandemia. Es fundamental estar preparados y no depender de respuestas inmediatas.
Hay una lección para nosotros durante el COVID-19 cuando verificamos la fragilidad de nuestra creciente civilización, sus modos de consumo, nuestra dependencia de una infraestructura débil y a la vez masiva de alimentos, agua y espacio, en un planeta con recursos finitos. Ese estilo de vida puede ser un factor subyacente y vital que favorece pandemias como la actual.
¿La crisis actual nos ayudará a ver la naturaleza como un refugio en lugar de un recurso para la explotación sin fin? ¿Nos ayudará a tomar en serio la responsabilidad cívica por el bien común?
Este trabajo forma parte del proyecto “Agenda Perú: Repensando el rol del sector privado en el desarrollo sostenible” financiado por el Institute Development Research Center (IDRC).
Imagen: Josie Ford de NewScientist