Uno de cada cinco peruanos, casi siete millones de mujeres y hombres, aún viven en situación de pobreza monetaria hoy. Sin embargo, a principios de la década del 2000 era uno de cada dos, y en 2012 era uno de cada cuatro.
Esta notable tendencia de reducción de la pobreza se revirtió en 2017. Según los resultados publicados recientemente por el INEI, la población que vive debajo de la línea de pobreza aumentó un punto porcentual, de 20.7 a 21.7. Es decir, más de 300 mil personas pasaron o regresaron a vivir en pobreza el año pasado, lo cual equivale a la población de un departamento como Pasco o Tacna.
El debate público sobre la pobreza se ha reavivado en los últimos días, y se han dado a conocer diversos aportes que buscan explicar las causas de este cambio, principalmente en función de la política económica y de algunos factores políticos. En esta nota queremos aportar al debate resaltando otros dos aspectos: lo que puede pasar con la economía y política en el corto y mediano plazo como consecuencia de esta nueva tendencia en las condiciones sociales (sobre todo si no se revierten estos resultados pronto), y el papel clave de la política social en años de crecimiento moderado como 2017 y 2018.
La percepción de parálisis y retroceso. La economía y el empleo, que vinieron en aumento desde inicios de siglo, se han desacelerado desde el año 2014. A pesar de este cambio de ritmo, los resultados en la pobreza seguían siendo positivos hasta 2016. Sin embargo, hoy el impacto de este freno económico ya se ve en los indicadores sociales, y esa es una señal fuerte de parálisis económica. Esta señal es poco atractiva para las nuevas inversiones. Los ciudadanos tenderán a consumir menos, y por lo tanto menos gente se aventurará a iniciar nuevos negocios. Este contagio de expectativas negativas sobre el futuro puede profundizar los factores que frenan la economía, y así contribuir a mantener esta tendencia hacia el futuro.
Presión sobre los salarios. En este contexto de bajas expectativas, más de 400 mil personas (equivalente a la población de la región Amazonas) buscan empleo formal y no lo consiguen. Esto genera una presión hacia la baja de los salarios, porque más gente está dispuesta a trabajar por menos, con tal de asegurar un ingreso. Esto genera menor capacidad de compra de las familias, y aunque las empresas podrían ver esta situación como una oportunidad para reducir costos, al mismo tiempo ocurre que menos gente demanda sus productos, por lo que el efecto positivo sería casi imperceptible.
Crisis política. La crisis política de 2017 – con escándalos de corrupción, persistentes tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo, y finalmente desembocando en la renuncia del Presidente de la República en 2018 – probablemente ha sido un factor fuerte detrás de los malos resultados económicos y sociales. Pero el aumento de la pobreza también puede, a su vez, incidir en futuras decisiones políticas que no sean las idóneas. La experiencia nos indica que, ante mayor pobreza y malestar, los políticos suelen proponer medidas demagógicas para sostener su apoyo popular. Estas acciones populistas pueden afectar directamente la capacidad fiscal del país. Si bien se requiere de un urgente replanteamiento de las políticas sociales en este momento, el diseño de las mismas debe estar más vinculado a crear capacidades y oportunidades de acceso a mercado que a transferencias asistencialistas.
El papel clave de la política social. Gran parte de las propuestas para enfrentar el aumento de la pobreza se ha centrado en la necesidad de estimular la economía y en las distintas formas de lograrlo. Sin duda, el crecimiento económico es crucial para reducir la pobreza. No obstante, no es la única herramienta efectiva que tenemos para enfrentarla. En algunos contextos, la política social es tanto o más importante que la económica. En 2014, año en que empezó la desaceleración de la economía peruana tras el boom y sólo se creció 2.3%, se siguió reduciendo la pobreza (-1.2 puntos porcentuales) y en su momento el Ministerio de Economía y Finanzas estimó que la mayor parte de este avance (83%) se debió a los programas sociales.
Nuevos retos para el MIDIS. Si en 2017 la economía peruana creció 2.5% (ligeramente más que en 2014), pero la pobreza aumentó, lo primero que deberíamos preguntarnos es: ¿qué está pasando con los programas sociales, y con la política social en general? Las gestiones recientes del MIDIS, ente rector de la política social, han sido conscientes de que la pobreza está adquiriendo un rostro crecientemente urbano (las últimas cifras confirman que ahora hay más pobres urbanos que rurales), y además, que un gran sector de la población no pobre (un tercio del total, según el BID) se encuentra en situación de vulnerabilidad y podría caer en la pobreza ante cualquier shock económico.
Momento de replantear la política social. El problema central es que no se ha actuado decididamente en el campo de la política social frente a las nuevas tendencias. Casi al inicio del gobierno de PPK se anunció una estrategia para enfrentar la pobreza urbana (Prospera) y luego se ofrecieron algunos detalles al respecto. Lamentablemente, esta nunca se implementó. ¿Las razones? Probablemente una falta de voluntad política para iniciar cambios complejos: una significativa inyección de nuevos recursos, el rediseño de programas existentes, y el fortalecimiento de la articulación entre sectores. El MIDIS pasaría de enfocarse en algo más de 3 millones de pobres rurales a casi 7 millones de personas pobres en el campo y la ciudad, así como en ese tercio de peruanos y peruanos que es vulnerable a caer nuevamente en la pobreza, o sea, más de 10 millones de personas. El inicio de una nueva gestión presidencial y de un nuevo gabinete, junto con la indignación general ante estas nuevas cifras, abren una ventana de oportunidad para adoptar medidas económicas más eficaces, así como un nuevo enfoque de política social acompañado por los recursos necesarios para implementarlo.